LA DIRECCION DE LA EMPRESA Y COMITÉ INTERCENTROS MANTIENEN REUNIONES PARA TRATAR EL ASUNTO DE LAS TARIFAS. COMUNICADO Nª10 2014

Las reuniones se están manteniendo con el objeto de que la Dirección de la empresa informe a la Representación Legal de los Trabajadores y Trabajadoras (RLT) sobre el asunto de la tarifas de ITV en la Comunidad de Castilla y León.

Como ya es bien conocido por la mayoría de la ciudadanía en esta Comunidad, pues los medios de comunicación ya se han encargado desde hace varios meses de hacer una masiva divulgación de la noticia, se está anunciando  “bajada de tarifas ITV en Castilla y León”.

Ante la avalancha de noticias  en los últimos días, que anunciaban la bajada del 20% de las tarifas de ITV en la Comunidad de Castilla y león, la RLT  desea conocer la realidad de la situación de primera mano por la posible repercusión que ello pueda ocasionar a los y las trabajadoras  en el caso de hacerse efectiva la medida del Gobierno Autonómico. Por ello, el Comité Intercentros ha mantenido dos reuniones con la Dirección de la empresa  en los últimos meses, una en el mes de Agosto y la otra este pasado miércoles día 5 de Noviembre.

Hemos de recordar que el incumplimiento contractual por parte de la Administración,  del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y león, ya se venía produciendo años atrás, desde el momento en el que no se actualizaron las tarifas 2012, 2013 y 2014, de acuerdo, a lo establecido en contrato de concesión. La empresa estima una reducción de ingresos de alrededor de un 7%,  como consecuencia de esta medida. Medida que también nos afectó a los trabajadores y trabajadoras en las retribuciones salariales, pues los incrementos salariales se vieron afectados por la reducción en el diferencial de facturación. La empresa, como ya nos anunció en años anteriores, en defensa de los intereses de la compañía, decide reclamar por la vía judicial.

Esta situación se agrava por las nuevas medidas que el Gobierno Autonómico ha anunciado a través de su Consejero de Economía y que han sido puestas en conocimiento de la empresa para su aplicación a partir del 01 de Enero de 2015. Medidas entre las que se recogen la anunciada bajada de tarifas de del 20%, además de la modificación de otros aspectos de  gran incidencia económica  como son: igualar el precio de revisión de una motocicleta a la de un ciclomotor, no cobrar algunas revisiones- trámites que se venían cobrando…etc. Todo ello, añadido a la no actualización de tarifas de éstos últimos años, producirá  un fuerte impacto económico cuyas consecuencias para la compañía son imprevisibles actualmente.

La preocupación, viene además de por el incumplimiento y los  efectos de que no se  actualicen las tarifas de los años pasados, por la inseguridad jurídica que crea el hecho de que la empresa privada firme un contrato con la Administración, y  ésta de manera unilateral rompa las condiciones del contrato cuando lo considere oportuno, como ha ocurrido en este caso. (“La RLT, observa el oportunismo de la medida cada 4 años, coincidiendo con la elecciones”).

La Dirección de la empresa manifiesta, que a pesar de la vía judicial adoptada en defensa de los intereses de la Compañía, la intención es  seguir manteniendo abierta la vía del diálogo con la Administración; manteniendo contactos incluso con diferentes responsables políticos, quedando pendiente la reunión solicitada con el máximo responsable de contratación el Sr. D. Tomás Villanueva. Todo ello,  con objeto de poder establecer acuerdos, que permitan  restablecer la seguridad jurídica contractual, y la compensación por los efectos que se están produciendo como consecuencia de las medidas adoptadas.

A la vez que  desea que se transmita a los y las trabajadoras de los Centros, un mensaje de tranquilidad y de mantener una actitud en el trabajo como la mantenida hasta ahora, lo que está permitiendo cumplir entre otros, con nuestro compromiso de dar un buen servicio de calidad a los usuarios.

La RLT, tras agradecer todas las explicaciones dadas respecto a este asunto, mostramos una vez más, nuestro apoyo a la dirección de la empresa  respecto a este asunto del incumplimiento por parte de  la Administración Pública al contrato con la empresa.